Escrito: Agustina Quispe Macias

La educación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política del Estado y constituye uno de los pilares del desarrollo nacional. Sin embargo, en Bolivia existe una profunda contradicción entre el discurso oficial sobre la importancia de la educación y la realidad que enfrentan diariamente los Centros de Educación Alternativa (CEA), donde miles de jóvenes y adultos intentan construir un mejor futuro en condiciones de evidente precariedad.

Mientras numerosas alcaldías y ministerios exhiben modernas edificaciones, amplios despachos, salas de reuniones equipadas, mobiliario de alta calidad y constantes inversiones en remodelaciones, gran parte de los Centros de Educación Alternativa funcionan en ambientes deteriorados, con aulas improvisadas, mobiliario insuficiente, filtraciones de agua, instalaciones eléctricas obsoletas y una alarmante falta de equipamiento tecnológico.

Esta desigualdad no es únicamente una cuestión de infraestructura; refleja una preocupante jerarquización de prioridades. El Estado parece invertir con mayor facilidad en edificios destinados a la administración pública que en los espacios donde se forman ciudadanos, trabajadores, emprendedores y personas que, por diversas circunstancias, no pudieron acceder oportunamente al sistema educativo regular.

La educación alternativa cumple una función social invaluable. Atiende a jóvenes y adultos que buscan concluir sus estudios, adquirir competencias laborales o mejorar sus oportunidades de empleo. Muchos estudiantes son madres y padres de familia, trabajadores, personas de escasos recursos e incluso adultos mayores que encuentran en los CEA una segunda oportunidad para transformar sus vidas. No obstante, esta población continúa siendo invisibilizada en la planificación de la inversión pública.

Resulta paradójico que las autoridades inauguren edificios administrativos con ceremonias y amplia cobertura mediática, mientras cientos de centros educativos carecen de laboratorios, talleres, bibliotecas, acceso adecuado a internet o espacios seguros para el aprendizaje. La dignidad de quienes estudian y trabajan en estos establecimientos parece tener menor importancia que la imagen institucional de las entidades públicas.

Invertir en infraestructura educativa no constituye un gasto, sino una inversión estratégica. Espacios adecuados favorecen el aprendizaje, fortalecen la permanencia estudiantil, mejoran las condiciones laborales de los docentes y generan un entorno que transmite respeto hacia la educación como motor de desarrollo.

La verdadera transformación educativa no puede limitarse a reformas curriculares o discursos políticos. Requiere decisiones presupuestarias coherentes que prioricen a quienes más necesitan oportunidades. Cada boliviano que regresa a las aulas merece estudiar en ambientes dignos, seguros y equipados para responder a las demandas del siglo XXI.

Bolivia necesita replantear sus prioridades. La grandeza de un Estado no debería medirse por la imponencia de los edificios donde trabajan sus autoridades, sino por la calidad de las escuelas y centros educativos donde se forman sus ciudadanos. Mientras persista la brecha entre la ostentación de la infraestructura administrativa y el abandono de los Centros de Educación Alternativa, el compromiso con una educación inclusiva seguirá siendo una promesa incompleta.

Garantizar infraestructura adecuada para la educación alternativa no es un privilegio ni una concesión política; es una obligación del Estado y una condición indispensable para construir una sociedad más justa, equitativa y con verdaderas oportunidades para todos.